Prosiguen su lucha contra ex funcionarios que cometieron fraude

Cancún.- Luego que ayer se dieran a conocer las denuncias interpuestas por el propietario de la plaza Party Center en contra de ex funcionarios de la pasada administración, así como de algunos abogados y notarios, el afectado hoy brindó más detalles el estatus legal del proceso. Algunos de los involucrados son el actual director de Protección Civil, Luis Antonio Lomelin Diaque, y el candidato a síndico de Morena-PT, el notario Heyden Cebada Rivas. El empresario Guillermo del Rosario Hernández explicó que el origen de la demanda es por un fraude que orquestaron en su contra, pues estas personas armaron una empresa fantasma, donde nombraron apoderada legal a una persona, Magdalena Collí Salazar. Los que están detrás, aseguró, son la abogada Verónica Rojo Ortega, Carlos Alberto López Gallegos, Gustavo Oriza Cano, Ricardo Ignacio Martín Arjona, así como los dos anteriormente mencionados. Esta operación comenzó a fraguarse hace casi cinco años. Se orquestó una sociedad fantasma, afirma el empresario, con la cual usaron a 12 trabajadores de una empresa ubicada en un local de Party Center para armar un laudo laboral. Conciliación y Arbitraje falló a favor de los empleados. Se procedió a embargar y rematar los locales de Party Center, aunque los afectados eran inquilinos y no la plaza. Y de ese modo obtuvieron la propiedad. Aunque reitera, estos locales nunca fueron entregados físicamente a estas personas.

PRESOS Y ÓRDENES DE APREHENSIÓN

En este momento, aclara, se encuentra preso Carlos Alberto López Gallegos, quien tiene una fianza de ocho millones de pesos; además hay orden de aprehensión contra Verónica Rojo Ortega, aunque ella ya cuenta con un amparo. De Oriza Cano y de Magdalena Collí Salazar afirma que fueron involucrados “por esta mafia del poder de Cancún” y ni siquiera estaban enterados del fraude. El papel del ahora candidato a síndico municipal de Morena, Cebada Rivas, es que fue el notario que se prestó a validar estos movimientos. En tanto, Lomelin Diaque era funcionario de la Procuraduría de Defensa al Trabajo. Contra ellos, dice, ya la Fiscalía General del Estado está por obtener órdenes de aprehensión. Consideró que algo está mal, “pues antes de que se emitiera la orden de aprehensión, la señora Verónica Rojo ya se había amparado. Pero, de todos modos, el juez actúa conforme a la ley y la Fiscalía también está haciendo lo suyo.” Espera que, a pesar de las influencias que tienen los funcionarios y candidatos llegue la justicia. Incluso, dice, se acercó a la gente de Morena, pero ignoraron sus denuncias. Además no descarta que pueda haber funcionarios en las actuales administraciones actuando de esta forma fraudulenta.